Oposiciones a gusto de pocos – El Mundo

La inminente celebración de oposiciones a los cuerpos de profesores de Secundaria y Formación Profesional ha desatado una cascada de protestas que arrecian conforme se acerca el inicio de las pruebas, el próximo mes 23 de junio. El proceso no acaba de contentar ni a interinos ni a funcionarios. De hecho, los primeros están convocados a una huelga indefinida desde el pasado 14 de mayo, con la que pretendían paralizar o, al menos, dificultar el proceso de evaluación de los alumnos en los centros públicos andaluces.

Para evitar este efecto demoledor en la última etapa del curso, la Junta ha establecido unos servicios mínimo de manera que la asistencia de los docentes a las evaluaciones es obligada, lo que ha provocado nuevas protestas de los sindicatos convocantes -CGT, USTEA y CNT-, que consideran «abusiva» la medida.

Este lunes varios centenares de interinos se manifestaron desde Torretriana, sede de la Consejería de Educación, hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, para reclamar estabilidad para los 20.000 interinos de la educación pública. El motivo de su protesta es denunciar el que, a su juicio, se convertirá en un voluminoso proceso de despidos, «un ERE masivo», como consecuencia de una convocatoria de oposiciones que no da ventajas de partida a la experiencia en sus puestos docentes a estos profesionales.

Los sindicatos denuncian que los docentes se están jugando en este proceso su continuidad laboral, pues el tiempo de servicio acreditado -en muchos casos de más de una década- sólo cuenta una vez superada la fase de oposición.

La oferta de empleo público de la Consejería de Educación resulta este año especialmente «generosa» como consecuencia de la obligación que tienen todas las administraciones españolas de dar cumplimiento a las sentencias europeas que condenan el elevado nivel de interinidad en el empleo público en España, precisamente como consecuencia de unas ofertas de plazas «raquíticas», repetidas año tras año que, según los denunciantes, habría impedido a los docentes tener un acceso ordenado al cuerpo de funcionarios.

En este contexto, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) ha presentado un escrito de impugnación contra el decreto por el que se aprueba la oferta de la Consejería de Educación. Y no es el único, pues esta asociación considera que todas las convocatorias de oposiciones que se van a celebrar en España al calor de las sentencias europeas adolecen de un error de base que las invalida.

De hecho, la Audiencia Nacional, ante la que se ha presentado recurso contra el acuerdo marco firmado entre la administración y los sindicatos, deberá resolver en las próximas semanas si adopta medidas cautelares que podrían suponer la suspensión de los procesos, según ha informado a EL MUNDO el abogado y portavoz de la asociación, Manuel Martos.

No es el único recurso contra el proceso emprendido por la Consejería de Educación. Un antiguo opositor que libra una larga batalla contra la Junta por los defectos formales de las sucesivas convocatorias para la selección del personal docente ha presentado también un recurso de reposición porque considera que el proceso carece de la publicidad y transparencia obligadas.

Indefensión

Uno de los defectos formales denunciados anteriormente (de momento, sin éxito) por este antiguo opositor, Luis Carlos Nogués, tiene que ver con la indefensión del aspirante dada la negativa de la administración a acceder a la revisión de las notas, si así se solicita, al término de cada una de las diferentes pruebas.

La consejera de Educación ha querido en los últimos días tranquilizar a los interinos sobre la continuidad en sus empleos, hasta el punto de que, durante el pleno celebrado en el Parlamento la pasada semana, Sonia Gaya afirmó que los interinos que no aprueben el «procedimiento selectivo» de las oposiciones de junio tendrán una vacante en el próximo curso porque hay «muchísimas plazas» que no están dentro de ese proceso de estabilización.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha denunciado esa declaración de intenciones por cuanto supone ‘blindar’ plazas con el único objeto de poder repartirlas a los interinos.

«Es verdaderamente escandaloso que de forma consciente y deliberada se estén hurtando a los concursos generales de traslados un cuantioso número de plazas vacantes que legalmente han de proveerse por este medio; fomentando la inestabilidad de las plantillas de los centros, con lo que ello pueda acarrear para un alumnado que cada año ve pasar un profesor diferente para una misma materia; condenando a numerosísimos funcionarios de carrera a permanecer en puestos de trabajo muy alejados de sus hogares o -cada vez más- sin destino definitivo», afirma el sindicato.

APIA acusa también a la Junta de «potenciar» la figura del interino, «excepcional en nuestro ordenamiento jurídico», «en detrimento del derecho a la movilidad de los funcionarios y de la calidad del servicio».

Origen: Oposiciones a gusto de pocos

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