La justicia falla contra la Junta por “cercenar el derecho de huelga” el 8M en el sector sanitario

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla ha declarado la nulidad de los servicios mínimos establecidos en la Junta para el pasado 8 de marzo, día de la huelga feminista, puesto que “no cabe fijar los servicios mínimos en un 100%, incluso en el ámbito de las urgencias médicas, pues ello equivale a cercenar el ejercicio del derecho de huelga”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía interpuso contra la Consejería de Salud un recurso, ahora estimado, contra la Orden de 5 de marzo de 2018, publicada en el BOJA de 7 de marzo de 2018, por la que se garantizaba el funcionamiento del servicio público que prestan los trabajadores del sector sanitario público y privado, incluyendo el personal de transporte, limpieza y matenimiento, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

La deliberación y votación del fallo, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, tuvo lugar el pasado 21 de mayo. El TSJA, al amparo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, señala en su fallo que ya se ha pronunciado en otras sentencias sobre la posibilidad de establecer unos servicios mínimos igual al 100%, en casos similares al presente, relativos a los servicios médicos de urgencia. En ese sentido concluye “inequívocamente dos razonamientos relevantes”: “por un lado que no cabe fijar los servicios mínimos en un 100%, incluso en el ámbito de las urgencias médicas, pues ello equivale a cercenar el ejercicio del derecho de huelga; por otro, la proporcionalidad en la decisión gubernativa fijando los servicios mínimos, incluso en el ámbito de la asistencia médica hospitalaria, constituye un criterio principal en la adopción del acuerdo por la autoridad gubernativa”.

Concluye la Sala que, atendiendo a su doctrina y a la emanada del Tribunal Constitucional, el recurso “ha de prosperar” puesto que se ha lesionado el  artículo 28 de la Constitución que había invocado la CGT. “Alcanzar el nivel de rendimiento habitual en todos los centros hospitalarios equivale a impedir el derecho de huelga”, dice la sentencia. “Cierto que la atención sanitaria urgente debe prestarse, mas el número de médicos que deben atenderla no debería alcanzar el mismo número que en situación ordinaria ya que ello equivale a privar del ejercicio del derecho de huelga”, insiste el fallo.

“Desaparece” el servicio mínimo

El TSJA critica que “la administración se limitó a aceptar la proposición de los gerentes de los centros sin entrar a valorar individualizadamente en cada centro hospitalario si las condiciones de servicio establecidas con carácter ordinario debían ser las que habían de establecerse para respetar el ejercicio del derecho de huelga”. “Cierto que aquí los servicios mínimos fueron acordados por un órgano con responsabilidad de Gobierno -el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios-, mas no de manera proporcionada aunque así rece en el texto de la resolución”, añade el fallo.

“No hay proporción entre los sacrificios impuestos a los huelguistas y los que padecerán los usuarios de los servicios sin que la mera referencia a la ‘urgencia’ sea suficiente motivación”, incide. “No parece razonable, ni proporcionado, asumir como servicios mínimos los equivalentes al servicio ordinario: el concepto de servicio mínimo desaparece al ser absorbido por el de servicio ordinario o normal”, insisten los jueces en su argumentación.

Lo que desestima la sentencia es la pretensión indemnizatoria planteada por la CGT, en la medida que los daños y perjuicios a partir de los cuales la justifica “se hallan ausentes de toda base material o acreditativa”, añadiendo que la huelga fue
efectivamente desarrollada y, por otro lado, que “la fijación de los servicios mínimos abusivos o inadecuados” no resulta imputable a la CGT como tampoco lo fueron “los eventuales perjuicios generados sino al propio de los trabajadores que sufrieran de forma especialmente intensa la restricción de su derecho de huelga”.

“Razonable proporción”, según la Junta

La CGT argumentó que la motivación de la citada Orden en la fijación de los servicios mínimos era “insuficiente” pues acordaba el 90% en todos los turnos el día de la huelga para los Centros de Coordinación de Servicios Provinciales del 061. Asimismo señalaba el recurso que “tampoco existe motivación alguna suficiente respecto a la fijación del 95% el día de la huelga en los niveles III y IV de alta frecuentación y situaciones extraordinarias o emergencias colectivas, o activación del Plan Territorial de Emergencias.

También expuso la CGT la “la falta de motivación” en la determinación de los servicios mínimos para los servicios de emergencia sanitarias 061, servicios de coordinación de urgencias y emergencias, equipos aéreos y traslados de pacientes críticos y servicios soporte a estas actividades pues se establecían “los propios de un día festivo, esto es, el 100% de la plantilla”.”Estos servicios mínimos son desproporcionados, pues las medidas adoptadas implican el desenvolvimiento regular del servicio”, insistió la confederación, que reclamaba “una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el sindicato como consecuencia de la frustración de su derecho a convocar huelga en defensa de los trabajadores”.

El Ministerio Fiscal apoyó esta consideración, según recoge la sentencia, alegando que la Orden cotenía “unas indicaciones genéricas, de las que no se deducen los criterios valorativos empleados para resolver sobre los servicios mínimos que consideran necesarios, adoleciendo de falta de exposición de cuáles hayan sido los factores y criterios ponderados para determinar de ese modo tan extenso los servicios mínimos”.

La Junta, por su parte, sostuvo en su contestación a la demanda que sólo unos determinados servicios se previeron al 100%, “esencialmente los que se presten habitualmente en festivos”, y que otros servicios “muy concretos y delimitados, en los que por cuestiones obvias de urgencia se establecen esos servicios del 100%, pues de lo contrario se produciría una afección grave de los derechos de salud y vida de esos pacientes urgentes”, defendiendo la “razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios”.

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Carta abierta al Presidente – Difundido en Whatsapp

Uno de 700.000

—“Y tú estás estudiando a tope?”

—“Lo intento, pero ya no rindo como antes, ya me falla la vista y también la capacidad de concentración. Después de un día entero de trabajo fuera, y luego dentro de casa, no tengo fuerzas ni para mantener los ojos abiertos…”

Esa es la tragedia de los que tienen cargas familiares, tienen más de 50 o están quemados de tanto estudiar y examinarse cada dos años en diferentes puntos de la península para oposiciones donde salen cuatro plazas contadas…

Hay personas que empezaron a opositar después del 94 -donde se estabilizó mediante examen de oposición no eliminatorio a miles de interinos-; personas que empezaron a opositar a veces ya con niños pequeños a su cargo y que no han parado de estudiar y examinarse desde entonces mientras paralelamente llevan una vida de responsabilidades familiares y trabajo en las mismas plazas a las que les están negando el acceso a la estabilidad mientras esos mismos empleadores crean para esas personas una estabilidad de facto mediante nombramientos o contratos encadenados sin limite, incluso durante décadas.

Maria toma la taza de té entre sus dedos y pesadamente la acerca a sus labios intentando atinar, aunque le tiemblan las manos…

—“Llega un momento en que sencillamente ya no puedes más: este año estoy agotada, no soy capaz de rendir lo suficiente en esto, que supone un terrible esfuerzo mental para el que yo ya, estoy sin fuerzas.”

No nos engañemos: una persona no es igual a los 20 años que a los 50, y más aún después de años de trabajo, en la mayoría de los casos con doble jornada -laboral y familiar- y con una capacidad de estudio que es mucho menor a las edades más avanzadas, a pesar de que el conocimiento de lo que se lleva haciendo durante años y de toda su problemática general y particular es mucho mayor.

—“Cuando han anunciado oposiciones en marzo se me ha caido el alma a los pies. Por primera vez en mi vida me encuentro sin fuerza mental para estudiar a tope”

Maria tiene 53 años, tres hijos y toda una vida dedicada al estudio, pero también toda una vida viendo cómo la administración se comporta fraudulentamente, año tras año, y en todas las administraciones y comunidades autónomas, guardándose las plazas, tirando a la basura oposiciones aprobadas, poniendo exámenes imposibles y creando condiciones de examen que impiden fehacientemente la correcta ejecución de las pruebas…

—“Ahora quieren enmendar un fraude cometido durante décadas y simplemente rompen la baraja, cambian de la noche a la mañana las reglas del juego y con eso nos echan a miles de personas a la calle, como si después de años en este trabajo fuera fácil una recolocación laboral”

A María se le llenan los ojos de lágrimas y el cristal de sus pupilas deja ver aún con mayor claridad la debilidad hacia la que avanza con ya mas de 50 años de edad y muchas horas a la espalda de trabajo como funcionaria interina de la administración pública.

—“Nosotros entramos y comenzamos una vida de compromisos bajo el acuerdo tácito de que, cumpliendo unos ciertos requisitos de formación y baremo cada año, y manteniendo buenos puestos en las listas de interinos mediante buenas notas de examen, podíamos, algún día, ganar la plaza y sobre esa base nos atrevimos a asumir responsabilidades dentro de nuestra sociedad.”

Yo ya no tengo capacidad de sacar plaza, de competir en condiciones de igualdad con personas que aún están frescas y libres, con todo su tiempo a su disposición y con toda su fuerza radiante…Tú crees que a mí me queda ya alguna fe?”

Maria dejó caer su mano, la cucharita, en sus dedos, chocó violentamente contra el platito del café y se derramaron unas gotas que, oscuras, dibujaron una lluvia como de lágrimas alrededor de la taza.

—“Perdona, hoy no doy ni una…”

Las condiciones de acceso a la función pública, no solo han sido fraudulentas debido a la concatenación de contratos temporales en cientos de miles de trabajadores sino que, al menos durante estos últimos 17 años, las administraciones públicas se han negado a cumplir con su obligación de sacar las plazas estructurales en oferta de empleo público, abusando del uso de los recursos de la interinidad y temporalidad y condenando a cientos de miles de trabajadores a la precariedad laboral, negándoles el derecho al acceso a las plazas en condiciones justas y en los momentos durante los cuales aún tenían capacidad de competir con otros opositores.

La administración ha faltado y falta cada vez que celebra oposiciones a su respeto a la igualdad porque equipara a funcionarios interinos con personas que no mantienen ni han mantenido los mismos lazos laborales con la administración pública, condicionando la valoración de estos méritos de experiencia y formación continua a un examen que nada tiene que ver con la naturaleza del trabajo a desarrollar una vez que se ha obtenido una plaza y cuyas condiciones para ser aprobado no suponen ningún conocimiento de las habilidades fundamentales requeridas para realizar el trabajo intrínseco a dicha plaza. Ni la igualdad, ni el mérito, ni la capacidad se miden en estos exámenes fraudulentos que, especificando claramente concurso-oposición en su nomenclatura, son realizados de facto como una oposición-concurso que desprecia e ignora el conocimiento, experiencia y dominio de los trabajadores que llevan años realizando su trabajo correctamente y a los que las distintas administraciones han recurrido repetida e ininterrumpidamente mediante nombramientos y contratos concatenados durante años.

—“Yo estoy de vuelta en este sistema porque él mismo se ha encargado de destruirme: me ha chupado la sangre hasta el extremo y me ha exprimido hasta dejarme sin fuerzas: ahora que ya no puedo más soy responsabilidad suya y, si tienen que estabilizar el empleo porque asi lo dicta la Union Europea, entonces tienen que estabilizar a los trabajadores a quienes han estado utilizando durante tantos años contra la ley y no los puestos, como si las personas que los hemos venido manteniendo no tuviéramos cara, ni dignidad, ni derechos.”

María es uno de tantos interinos ha quienes la administración ha estafado, contratándola o nombrándola como interina o temporal pero utilizándola como personal estable de la administración. María no pide otra cosa que el reconocimiento del estatus que de facto ya tiene: tiene una antigüedad que avala la propia administración en el reconocimiento de sus trienios. Y uno se pregunta: por qué trienios? Pues porque cuando un trabajador alcanza los tres años de empleo en la misma empresa la Directiva Europea 1999/70 exige que sea hecho trabajador indefinido. Así lo exige la ley europea y el estatuto de los trabajadores vigente.

El estado español lleva 17 años saltándose esta norma a la torera y la Unión Europea ha insistido en exigir y subrayar la necesidad de mantener un trato respetuoso a los trabajadores, incluidos los de las administraciones públicas, estabilizando en el empleo a todos a aquellos que hayan encadenado contratos durante tres años.

El gobierno español y los gobiernos autonómicos pretenden despedir a los trabajadores que cumplen esta condición sin asumir su obligación de estabilizar su empleo, incumpliendo la normativa contra el empleo precario, de modo que ya no tenga empleados en precario porque simplemente se los ha sacudido de encima a través de despidos amparados en la cobertura de plazas por nuevos funcionarios mediante oposiciones que no valoran la experiencia más que de modo marginal y a posteriori, después de una prueba donde la juventud y la falta de cargas juegan un papel ganador. De este modo sus trabajadores interinos y temporales de larga duración son expulsados a la calle de forma indigna e ilegítima a edades a las que ya no tienen capacidad para realizar otro tipo de trabajo y con una formación -vasta- que no se adapta a otro tipo de empleo.

—“Y que voy a hacer ahora, si no sé hacer otra cosa? Si llevo 20 años haciendo este trabajo? Quién va a mantener a mi familia? Mi hijo Andrés ya esta opositando, pero, y los pequeños?”

Se da el curioso caso de que muchos de los opositores noveles son hijos de profesores interinos, de que estos jóvenes están estudiando en casa mientras sus madres y padres están trabajando y cuidando de sus familias sin poder estudiar, y llevando a casa el mismo sueldo que permite a esos hijos opositores estudiar despreocupadamente todas las horas que puedan pagar costosos cursos y títulos y tener un hogar donde vivir protegido y mantenido mientras disputan a sus padres y madres las plazas de funcionario. Pregúntense: Cuando se celebren las oposiciones, quién va a tener más posibilidades de obtener la plaza tras unos exámenes memorísticos y eliminatorios que no contemplan la experiencia? La madre/el padre, o el hijo? Y gracias a quién? A su padre o madre, desde luego, que trabaja para el o la joven y que quedará en paro porque estos gobiernos y gobiernuchos irresponsables y perversos desean eliminar el personal interino de larga duración sin miramientos para dar esas plazas a los nuevos funcionarios por oposición donde se da ventaja a los opositores que esos mismos interinos longevos han criado y mantenido para que puedan disputarles esas mismas plazas. Qué triste estampa, hasta pensarlo rompe el alma!

¿Esperamos que sean ahora los hijos los que mantengan a sus padres y a sus hermanos? Porque eso es lo que estamos haciendo cuando equiparamos a personas que son tan dispares en condición y en función como si fueran iguales. Cuando en las oposiciones se trata con igualdad a unos y a otros se está cometiendo una falta por desigualdad flagrante y fraudulenta en el concurso-oposición mediante el simple procedimiento de invertir los términos y realizar una oposición-concurso en lugar de lo que se convoca, que es un concurso-oposición.

La dramática diferencia entre estos dos términos concurso-oposición y oposición-concurso -con el nombre invertido-, que es como se vienen llevando a cabo durante los últimos años, es que en la primera fase se realiza un examen memorístico que se usa como prueba eliminatoria con el que se trata de eliminar a casi el 90% de los opositores sin establecimiento previo del nivel de conocimientos correspondiente a cada calificación, de modo que las notas otorgadas son caprichosas y condicionadas al número de opositores y plazas, y no a la calidad de cada examen, sino a la única meta de reducir el numero de aspirantes a la minima expresión, vetando así el paso a la fase de concurso a miles de personas, e impidiendo la valoración de su antigüedad, formación y experiencia en el trabajo a realizar, a la mayoría de los laborales, estatutarios e interinos longevos y de largo recorrido que ya están en activo dentro de la administración y ocupando las mismas plazas que salen en oferta publica. Se ignoran así todos los años de experiencia, todo el conocimiento acumulado y todas las habilidades adquiridas, al contrario de lo que indica el propio nombre del procedimiento, concurso (primero)-oposición, donde el concurso es lo que primero que se menciona y lo primero que, por lo tanto, se debería valorar, dando así entrada preferente a los empleados de mayor antigüedad y no al contrario. De este modo se evade el compromiso laboral que tal y como dicta la norma europea 1999/70 supone haber adquirido una antigüedad en la misma empresa -aunque esta sea pública- de tres años.

Siendo la situación actual de transición al cumplimiento de esa norma, y debido a la cual el gobierno desea reducir la tasa de interinidad al 8% (lo que significa que la aplastante mayoría de los interinos hoy en activo no vamos a tener trabajo como tales), en la norma que rige a los empleados públicos -sin distinción de que éstos sean funcionarios de carrera o funcionarios interinos, laborales o estatutarios-, el Estatuto Básico de Empleado Publico, establece en su punto 61 que se podrán celebrar, en ocasiones excepcionales, procedimientos de acceso al empleo público mediante el único procedimiento del concurso de méritos. Y un cambio de norma de comportamiento en cuanto a la estabilidad en el empleo público, como exige ahora la Union Europea a todos sus países miembros, es sin duda, una situación excepcional, que supone un cambio de estrategia y un respeto permanente a la norma que establece que tres años de antigüedad implican fijeza en el puesto, cosa que nunca antes se había considerado en las administraciones públicas a la hora de contratar o nombrar funcionarios, laborales o estatutarios en régimen de interinidad o temporalidad.

María se ha levantado de la mesa, su hijo Kevin sale ahora del colegio; sus llaves sobre la mesa, su bolso negro, María intenta mantener su dignidad pero en su interior se ha provocado una sima, se ha abierto un abismo negro e inescrutable; se ve de frente a sí misma en el espejo del café, y su cutis caído, sus ojeras y sus pocos kilos de más le recuerdan que ya no es la joven que luchaba por su futuro y que en el momento más delicado de su vida, cuando ya es débil pero aún es responsable de otras personas, el estado corrupto y perverso que tenemos en España con minúsculas ha cargado contra ella, contra su propio pueblo.

No hay mas palabras.

Titulares: “Hoy ha amanecido un nuevo inquilino en La Moncloa.”

María es uno de 700.000. Quizá hoy se atreva a volver a confiar. En tu mano está.

«Padres y madres, si vuestros hijos suspenden, no reclaméis a Educación, que puede que los aprueben y es peor» | Ideal

«Ya estamos con los exámenes y el fin de curso otra vez. Todo llega y todo pasa. Si vuestros hijos van bien en los estudios, felicitaciones y buen verano. Y si van mal… Si van mal y suspenden, lo principal, padres y madres, es no caer en la tentación de reclamar ante la superioridad, sea el director del instituto, el inspector o la mismísima delegación de Educación, porque existe el peligro de que los aprueben por decreto y eso es peor que suspender. Los niños se creen que saben y luego más dura será la caída«.

Origen: «Padres y madres, si vuestros hijos suspenden, no reclaméis a Educación, que puede que los aprueben y es peor» | Ideal

Derechos Interinos · Andalucía Información

Se dice en el artículo 14 de  la carta magna: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Autor en Andalucia InformaciónSi en la esfera de lo social o personal se incluyese el ámbito laboral, difícil lo tendrían quienes a fuerza de establecer distingos provocan la ruptura de esa igualdad tan “cacareada” por las leyes y las castas dirigentes. Las discriminaciones son moneda corriente ya que los derechos, que se suponen corresponden a todas las personas, comienzan siendo más derechos de unas que de otras, hasta llegar a que muchas no tienen derechos algunos.  Tienes dinero tienes derechos. Esa es una premisa en una sociedad mercantilizada hasta el tuétano desde hace siglos, como el cervantino dicho  “Tanto vales, cuanto tienes” (El Quijote II 43), puesto en  boca de Sancho, viéndose este Gobernador.  Y precisamente para evitar esta falta de esencia, en función de la precariedad de bienes, se hicieron las constituciones que maman de la carta de los derechos del hombre y del ciudadano.

Pero el papel aguanta lo que se quiera y por poner blanco sobre negro, nada tiene por qué cambiar, de suerte que las gentes políticas escriben y escriben derechos inexistentes y además con la clara vocación de nunca garantizarlos. Porque más de uno se come el coco para rebuscar aspectos específicos que diferencien a unas personas de otras, de suerte que al final unas son personas y otras no.

Casos miles y en todas las esferas de la vida. En el caso de las personas Interinas, la cosa se agrava porque ni se recatan en esa formalidad de la igualdad de derechos, sino que se impone  la discriminación pura y dura, clara diáfana, publicitada hasta en los boletines oficiales. Porque el ser personal contrato interinamente se antoja un estigma que justifica el ninguneo de derechos reconocidos a todas las personas trabajadoras en general y  al personal funcionario en particular, sin que en modo alguno se justifique tanto apartamiento, sobre todo del principal derecho al trabajo, así como otros muchos. Como por ejemplo la posibilidad de solicitar permisos NO retribuidos, como los que sí puede disfrutar el funcionariado. Permisos que aunque pagados nunca son  sustituidos por los políticos de turno. Va siendo hora de que además de ir a la mayor, cual es lograr la estabilidad de la interinidad, se afronte sindicalmente la igualdad de derechos de todo el personal empleado en las administraciones públicas y al servicio de la ciudadanía. En este específico asunto basta con convocar una huelga indefinida hasta que se reconozca la igualdad de derechos a solicitar esos permisos y el asunto estará zanjado. Porque o son reconocidos o con la cobertura legal de la huelga son ejercidos sin tener ni que solicitarlos.

Fdo Rafael Fenoy Rico

Origen: Derechos Interinos · Última Columna · Andalucía Información

COMUNICADO SOBRE LA PRÓXIMA REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

El comité coordinador de la Asamblea Andaluza de Docentes Interin@s informa de que el próximo lunes 11 de junio a las 18:00 horas se celebrará una reunión entre representantes del colectivo y la Dra. Gral. Del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, doña Antonia M. P. Cascales Guil.
Pasadas más de tres semanas del inicio de la huelga indefinida y tras unas evaluaciones de segundo de Bachillerato y Grados Profesionales en muchos casos caóticas, se nos emplaza a un nuevo encuentro que esperamos constituya la apertura de un proceso negociador que permita la estabilización del personal docente interino que actualmente viene prestando sus servicios en el sistema educativo andaluz.
Este comité informará del contenido y resultados de la próxima reunión con toda la celeridad posible, trasladando para su votación en asamblea autonómica cualquier vía de negociación que pudiera abrirse con la Consejería de Educación.
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA ASAMBLEA ANDALUZA DE DOCENTES INTERINOS

DESCARGA AQUÍ EL COMUNICADO

ASAMBLEA DE INTERIN@S DE CÁDIZ Jueves 7 de junio

Reunión virtual de 18 a 20 horas a través de grupo Whatsapp específico, para unirte haz click en el icono.

Ante la importancia y la urgencia de ciertos acontecimientos que requieren el conocimiento y aprobación del colectivo interin@ de la provincia, convocamos asamblea “virtual” provincial con el siguiente  ORDEN DEL DÍA:
1. Información sobre la cita con la Consejería
2. Propuestas para la próxima Asamblea Andaluza
3. Calendario de acciones hasta fin de curso 2017-18
4. Propuesta de acciones y movilizaciones para inicio de curso 2018-19
5. Otras: caja de resistencia, ruegos y preguntas.

 

Consejería Educación se reunirá con docentes interinos andaluces tras ser tachada de irresponsable

En el día de ayer, lunes 4 de junio, un miembro del Comité de Huelga recibió la llamada de Antonia Cascales, Jefa de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, para organizar una reunión para el lunes 11 a las 18:00 horas.

Está llamada se produce después de la tercera semana de huelga del profesorado andaluz, después de muchas horas sin que alumnado haya tenido a los profesores en las aulas, después de muchas clases sin dar, después de cientos de evaluaciones perturbadas, etc…

¿Ha sido esto, lo que ha decidido a Antonia Cascales a descolgar el teléfono?

No, por desgracia a la Consejería de Educación le da igual todo esto, así lo demostró al establecer los servicios mínimos abusivos que estableció, que sólo se centraban en que la tarea burocrática de poner las notas numéricas se resolviera, aunque los alumnos estuvieran sin profesores durante todas estas semanas.

¿Por qué entonces está llamada para reunirse?

Respuesta es muy triste, su preocupación reside en que opinión pública, medios de comunicación han tachado de irresponsable a la Consejera de Educación, Sonia Gaya, por no resolver un problema que afecta a toda la Comunidad Educativa.

Todo ello, nos demuestra varias cosas, a saber:

– La Huelga es el único camino para sentar a negociar a la Consejería de Educación de Andalucía, por lo que seguiremos luchando, perturbando evaluaciones, con encierros, con concentraciones, asistiendo a actos de representantes políticos, realizando Asambleas, etc…, hasta que se firme un Plan de Estabilidad.

– La reunión del próximo lunes 11 es una reunión para negociar un Plan de Estabilidad, en ningún caso es una reunión para lavar la imagen deteriorada de una Consejera de Educación a la que sólo le quedan dos salidas, dimitir o firmar un Plan de Estabilidad.

El defensor de la audiencia nos responde a nuestra petición de réplica en canal sur a Sonia Gaya

Hace unos días emprendimos una campaña para pedir réplica a la entrevista de canal sur a la consejera de educación Dª Sonia Gaya. Lo hicimos en esta entrada  Hemos recibido respuesta del defensor de la audiencia en canal sur: Estimado Señor, gracias por su envío a este Defensor. Debo decirle, en primer lugar, que no corresponde a este Defensor la concesión o no del Derecho de Réplica a quien quiera ejercerlo, pues es un marco legal que se circunscribe a cuestiones jurídicas que deben resolverse en otros

Origen: Docentes x la Pública: El defensor de la audiencia nos responde a nuestra petición de réplica en canal sur a Sonia Gaya

Oposiciones a gusto de pocos – El Mundo

La inminente celebración de oposiciones a los cuerpos de profesores de Secundaria y Formación Profesional ha desatado una cascada de protestas que arrecian conforme se acerca el inicio de las pruebas, el próximo mes 23 de junio. El proceso no acaba de contentar ni a interinos ni a funcionarios. De hecho, los primeros están convocados a una huelga indefinida desde el pasado 14 de mayo, con la que pretendían paralizar o, al menos, dificultar el proceso de evaluación de los alumnos en los centros públicos andaluces.

Para evitar este efecto demoledor en la última etapa del curso, la Junta ha establecido unos servicios mínimo de manera que la asistencia de los docentes a las evaluaciones es obligada, lo que ha provocado nuevas protestas de los sindicatos convocantes -CGT, USTEA y CNT-, que consideran «abusiva» la medida.

Este lunes varios centenares de interinos se manifestaron desde Torretriana, sede de la Consejería de Educación, hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, para reclamar estabilidad para los 20.000 interinos de la educación pública. El motivo de su protesta es denunciar el que, a su juicio, se convertirá en un voluminoso proceso de despidos, «un ERE masivo», como consecuencia de una convocatoria de oposiciones que no da ventajas de partida a la experiencia en sus puestos docentes a estos profesionales.

Los sindicatos denuncian que los docentes se están jugando en este proceso su continuidad laboral, pues el tiempo de servicio acreditado -en muchos casos de más de una década- sólo cuenta una vez superada la fase de oposición.

La oferta de empleo público de la Consejería de Educación resulta este año especialmente «generosa» como consecuencia de la obligación que tienen todas las administraciones españolas de dar cumplimiento a las sentencias europeas que condenan el elevado nivel de interinidad en el empleo público en España, precisamente como consecuencia de unas ofertas de plazas «raquíticas», repetidas año tras año que, según los denunciantes, habría impedido a los docentes tener un acceso ordenado al cuerpo de funcionarios.

En este contexto, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) ha presentado un escrito de impugnación contra el decreto por el que se aprueba la oferta de la Consejería de Educación. Y no es el único, pues esta asociación considera que todas las convocatorias de oposiciones que se van a celebrar en España al calor de las sentencias europeas adolecen de un error de base que las invalida.

De hecho, la Audiencia Nacional, ante la que se ha presentado recurso contra el acuerdo marco firmado entre la administración y los sindicatos, deberá resolver en las próximas semanas si adopta medidas cautelares que podrían suponer la suspensión de los procesos, según ha informado a EL MUNDO el abogado y portavoz de la asociación, Manuel Martos.

No es el único recurso contra el proceso emprendido por la Consejería de Educación. Un antiguo opositor que libra una larga batalla contra la Junta por los defectos formales de las sucesivas convocatorias para la selección del personal docente ha presentado también un recurso de reposición porque considera que el proceso carece de la publicidad y transparencia obligadas.

Indefensión

Uno de los defectos formales denunciados anteriormente (de momento, sin éxito) por este antiguo opositor, Luis Carlos Nogués, tiene que ver con la indefensión del aspirante dada la negativa de la administración a acceder a la revisión de las notas, si así se solicita, al término de cada una de las diferentes pruebas.

La consejera de Educación ha querido en los últimos días tranquilizar a los interinos sobre la continuidad en sus empleos, hasta el punto de que, durante el pleno celebrado en el Parlamento la pasada semana, Sonia Gaya afirmó que los interinos que no aprueben el «procedimiento selectivo» de las oposiciones de junio tendrán una vacante en el próximo curso porque hay «muchísimas plazas» que no están dentro de ese proceso de estabilización.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha denunciado esa declaración de intenciones por cuanto supone ‘blindar’ plazas con el único objeto de poder repartirlas a los interinos.

«Es verdaderamente escandaloso que de forma consciente y deliberada se estén hurtando a los concursos generales de traslados un cuantioso número de plazas vacantes que legalmente han de proveerse por este medio; fomentando la inestabilidad de las plantillas de los centros, con lo que ello pueda acarrear para un alumnado que cada año ve pasar un profesor diferente para una misma materia; condenando a numerosísimos funcionarios de carrera a permanecer en puestos de trabajo muy alejados de sus hogares o -cada vez más- sin destino definitivo», afirma el sindicato.

APIA acusa también a la Junta de «potenciar» la figura del interino, «excepcional en nuestro ordenamiento jurídico», «en detrimento del derecho a la movilidad de los funcionarios y de la calidad del servicio».

Origen: Oposiciones a gusto de pocos

CGT Enseñanza de Andalucía insta a Pedro Sánchez a mediar con la Junta de Andalucía para solucionar el conflicto con el profesorado interino. Así mismo, considera imprescindible la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 y el aumento de la financiación pública del sistema educativo.

Hace apenas un par de meses, nuestro recién nombrado Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ocasión de una Asamblea Abierta del PSOE en Córdoba, declaraba que su partido no tenía nada que hablar “con un Gobierno que no creía en la Educación Pública”. Las tornas han cambiado y hoy es él quien ocupa, tras una moción de censura, el sillón presidencial.En el mismo evento, Sánchez declaraba que solo volvería a hablar con el Partido Popular si “ponían los recursos suficientes para reducir la ratio de los alumnos por profesor” y también para que “nuestros maestros tengan una retribución digna. Y para que muchos de los interinos que ahora mismo sufren tengan puestos de trabajo dignos”, además de “para que tengamos refuerzos escolares”. Para que con las glorias no se olviden las memorias, recordamos que uno de los puntos centrales del programa electoral del partido ahora en el gobierno, era establecer una financiación pública para todo el sistema educativo hasta alcanzar un suelo común de financiación del 5% del PIB en dos legislaturas, y con la aspiración al 7% a medio plazo. Aunque resulte paradójico, hace apenas unos días, el gobierno socialista andaluz tumbó una proposición de ley presentada por Podemos e IU para blindar la educación andaluza en un 5% del PIB.Por ello, la Federación Andaluza de Enseñanza la CGT insta al nuevo gobierno a promover una nueva etapa que se caracterice por un diálogo fluido con los agentes sociales y las comunidades educativas, que dignifique a la maltratada educación pública. Y para que no pensemos que nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir, le recordamos que también, negro sobre blanco, figuraba en su programa electoral la derogación de los decretos que han deteriorado las condiciones laborales del maltratado funcionario docente. Por ello, exigimos que se derogue el Real Decreto Ley 14/2012, sobre racionalización del gasto público, que nacido de la crisis y con vocación de provisionalidad amenaza con eternizarse en sus recortes.Por otra parte, desde el pasado mes de febrero el profesorado interino andaluz está en lucha por su dignidad y conservación de su puesto de trabajo. Una oferta de empleo público sin precedentes, en la que a las plazas resultantes del 100% de la tasa de reposición se suman unas tres mil plazas de consolidación, en ausencia de cualquier plan de estabilidad para este gremio, amenaza con convertirse en uno de los mayores EREs de la historia de nuestra de democracia. Se han hecho ya cinco manifestaciones masivas por la capital andaluza, tres huelgas, la última indefinida. Y la Administración Educativa Andaluza hace oídos sordos y parece desconocer el significado de la palabra negociación. Por ello, la Federación andaluza de la CGT solicita a nuestro Presidente del Gobierno que medie con la Administración Andaluza para que se abra un proceso de negociación que impida esta inevitable situación, que atenta contra la dignidad y los derechos laborales del profesorado interino andaluz.Consideramos que la negociación de un nuevo modelo de acceso a la función pública es ineludible y absolutamente necesario. Y es imprescindible legislar desde la excepcionalidad como recoge el artículo 61.6 del EBEP ya que miles de docentes interinos andaluces están fraude de ley. Durante demasiado tiempo, plazas que eran estructurales han sido tratadas como funcionales y son muchos miles los que cargan a sus espaldas muchos años de experiencia docente. Sin duda, una situación excepcional promovida por una nefasta planificación y una crisis que redujo al mínimo la tasa de reposición.En definitiva, no nos gustaría, que al cabo de un tiempo, alguien pudiera pronunciar las palabras que nuestro ahora Presidente del Gobierno usó para dirigirse al Gobierno ahora destituido: no tenemos nada que hablar con un gobierno que no cree en la Educación Pública.

Origen: CGT Enseñanza Andalucia

Grandísima noticia: El nuevo Gobierno quiere derogar la ‘ley mordaza’ como primer gesto | Diario Sur

MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid

Pedro Sánchez en su discurso durante la moción de censura se marcó como una de las primeras prioridades de su acción de Gobierno la derogación de la llamada ‘ley mordaza’, una de las normas que mayor contestación social tiene. Sin embargo, el derribo de la cuestionada Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 -aprobada a la sombra de la mayoría absoluta del Partido Popular- ya empezó a desmontarse hace un año en el Congreso de los Diputados. Es más, si la controvertida ley no está ya derogada es porque el PSOE y el PNV presentaron iniciativas diferentes que todavía, ocho meses después, no han sido capaces de consensuar.Sánchez no necesitaba llegar a la Moncloa para acabar con la ‘ley mordaza’. Desde el comienzo de la actual legislatura, el frente parlamentario contra la normativa que apadrinó el exministro Jorge Fernández Díaz componía una mayoría absoluta más que suficiente para dejar en papel mojado la ley que penaliza algunas prácticas de los derechos de reunión o manifestación. Tanto socialistas como nacionalistas vascos rectificaron el texto. Lo hicieron cada uno por su parte y sin conversaciones previas para coordinarse. En septiembre del año pasado, el PSOE registró una propuesta para derogar por completo el texto y recuperar de forma transitoria la vigencia de la llamada ‘Ley Corcuera’ de 1992, conocida como la ‘ley de la patada en la puerta’.El PNV no fue ni mucho menos tan lejos como el partido que ahora se ha aupado al Gobierno. Presentó un texto mucho más ‘light’ de reforma, hasta el punto de que hasta el ahora ministro en funciones del Interior, Juan Ignacio Zoido, se mostró favorable a usarlo como punto de partida para del debate.Pero todos aquellos intentos de acabar con la supuesta ley más restrictiva del Gobierno del PP quedaron en aguas de borrajas por el olvido de los propios partidos que habían propuesto su derogación o su reforma. A día de hoy, la Comisión de Interior que tenía que redactar la modificación de esa ley sigue enfangada en cómo tramitar dos proposiciones, la del PSOE y la del PNV, que son parecidas, pero no iguales.Los letrados, tras ocho meses de estudios, continúan sin saber cómo casar una propuesta de derogación con otra de reforma profunda, pero manteniendo el texto del PP como base. Al final, la reforma, bloqueada.PSOE y PNV han sido incapaces de ponerse de acuerdo en los últimos meses, a pesar de que ambos admiten sin ambages que sus propuestas no aspiran «per se» a convertirse en la nueva ley, sino solo en punto de partida para el debate.Los socialistas apuestan por cubrir la «vacatio legis» entre la derogación de la actual norma y la aprobación de la futura con la reactivación momentánea de la ‘ley Corcuera’, vigente hasta 2011. La proposición que el PSOE presentó el pasado 1 de diciembre propone enterrar la ley que introdujo, entre otros aspectos, las multas de hasta 600.000 euros para los promotores o participantes en protestas en las cercanías de las cámaras parlamentarias; las sanciones por fotografiar a miembros de las fuerzas de seguridad o desobedecer sus órdenes; los registros en lugares públicos; o las «expulsiones en caliente» de los inmigrantes.44 cambiosEl PSOE presentó aquella proposición solo dos días después de que el Congreso, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, instara al Ejecutivo a derogar la Ley Orgánica. El acuerdo, sin embargo, no era vinculante y permitía al Gobierno desentenderse del emplazamiento parlamentario y no dar un solo paso para cambiar el texto.Entonces, los propios socialistas reconocieron que la propuesta era solo un acicate para obligar a la reforma y que su texto solo aspiraba a ser una suerte de pistoletazo de salida, un documento de trabajo inicial sobre el que deberán opinar todos los grupos, incluido el popular, si se aviniera a pactar la introducción de cambios.En la misma línea fue la proposición que el PNV presentó en enero y que proponía 44 cambios a ley, entre ellos reformar los apartados de la norma que obligan a comunicar a las autoridades la realización de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se realicen frente al Congreso y Senado cuando «no perturben la seguridad ciudadana». La propuesta nacionalista abogaba por la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; o la puesta en marcha de un sistema sancionador que tenga en cuenta «la capacidad económica del infractor a la hora de determinar la sanción».

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Docentes interinos critican que la “irresponsabilidad” de Gaya por no dialogar ha causado “caos” en más de 150 centros – EcoDiario.es

La Asamblea Andaluza de Docentes Interinos ha considerado como una ‘irresponsabilidad’ que la consejera de Educación, Sonia Gaya, ‘no haya abierto la vía oficial de diálogo’ durante la segunda convocatoria de huelga de este curso.

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Los docentes interinos piden diálogo a Gaya para poner fin a su huelga

La Asamblea Andaluza de Docentes Interinos considera una “irresponsabilidad” que la consejera de Educación, Sonia Gaya, “no haya abierto la vía oficial de diálogo” durante la segunda convocatoria de huelga de este curso. La entidad asegura que las evaluaciones del segundo curso de Bachillerato y Ciclos Formativos “se han visto perturbadas en más de 150 centros de Andalucía durante la tercera semana de huelga del profesorado andaluz de enseñanzas no universitarias”.Por ese motivo, la plataforma de interinos critica que a lo largo de la semana del 28 de mayo al 1 de junio la “irresponsabilidad” de la Consejería de Educación “ha provocado un verdadero caos administrativo, con evaluaciones retrasadas en 40 centros, notas sin poner en 17 centros, calificaciones puestas por jefes de departamento y equipos directivos en vez de por profesores titulares en 21 centros, además de coacciones y amenazas de equipos directivos al profesorado en huelga en 80 centros”.La Asamblea Andaluza de Docentes Interinos reconoce que el alumnado, familias y profesorado “no entienden la actitud irresponsable y autoritaria de la Junta”, y lamenta que haya “preferido desarrollar en los centros educativos unos servicios mínimos abusivos que podrían vulnerar el derecho fundamental de huelga antes que sentarse a negociar un plan de estabilidad para el profesorado interino andaluz”.La semana, opinan, “deja un balance muy negativo” y desde la entidad denuncian que “a las amenazas y coacciones al profesorado en huelga” hay que sumar equipos directivos “denunciados por vulnerar el ejercicio del derecho a huelga y, sobre todo, el alumnado sin evaluar” y, por tanto, “sin posibilidad de realizar las pruebas de acceso a la universidad”.

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